Resumen: El delito de incendio se caracteriza por un elemento objetivo, consistente en la acción de aplicar fuego a una zona espacial, que comporta la creación de un peligro para la vida e integridad física de las personas, y por un elemento subjetivo, que estriba en el propósito de hacer arder dicha zona espacial, y en la conciencia del peligro para la vida y para la integridad física de las personas originado. Se ha entendido que el delito de incendio se sustenta sobre un doble bien jurídico, el patrimonio y la puesta en peligro de la vida e integridad física de las personas, considerandose que el peligro para la vida e integridad física de las personas desencadenado por el fuego no es el necesario y concreto (exigido en cambio para el delito de estragos) sino el potencial o abstracto. El delito de incendio no exige la voluntad de causar daños personales. La intención del agente en este delito ha de abarcar sólo el hecho mismo de provocar el incendio, y el peligro resultante para las personas que debe ser conocido por el autor. Cabe apreciar la agravante de comisión del delito por motivos racistas o discriminatorios por razón de la raza, pues el acusado manifestó que los chinos merecían que se quemase su bazar, y que son los culpables del coronavirus.
Resumen: El Tribunal Superior de Justicia acoge el último de los motivos de impugnación que plantea la parte demandante contra la sentencia que califica como procedente el despido objetivo individual que, por causas económicas, acordó su empresaria. La Sala, sin entrar a valorar los previos motivos de impugnación, dirigidos tanto a pretender la reforma de los hechos probados como a la crítica de la forma en que se interpreta y aplica el derecho sustantivo en el caso concreto, considera que la empresaria debió acudir al despido colectivo de los seis trabajadores que trabajaban en su empresa, un restaurante, el cuál cerró, dándose de baja en los contratos y altas administrativas que, por tal causa, tenía suscritos. Considera la Sala que, superándose, como consta, el número de cinco trabajadores, despedidos por similar causa económica y con la misma fecha, la empresaria no podía acudir a su despido individual, sino que debió iniciar el trámite del despido colectivo, con la comunicación a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social e iniciar el periodo de consultas previsto en la Ley y al final del mismo, según su resultado, adoptar la oportuna decisión. No haciéndolo así, considera que es claro que la Ley anuda la condición de nulo al despido individual cuando debió acudirse al colectivo.
Resumen: Declarar la competencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
